DRS Ingeniería y Gestión

Concesiones podrían verse afectadas con una nueva constitución

La industria minera fue regulada a nivel constitucional por primera vez en el año 1971 con el objetivo de dar inicio a la nacionalización del cobre. En esa reforma constitucional se reconoció por primera vez el dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, es decir, Chile tiene la soberanía absoluta sobre los yacimientos mineros. En la Constitución de 1980, ese principio se mantuvo y se introdujo el tema minero en el artículo 19 n°24 de la Constitución actual.

Expertos y expertas en esta materia coinciden en que el dominio patrimonial del Estado es algo que debiese mantenerse en la nueva Constitución, sin embargo, es necesario fortalecer ciertos aspectos constitucionales para que la soberanía minera se haga realidad en la práctica.

Y en ese sentido, existen dos temas constitucionales que podrían debatirse. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el segundo tiene que ver con la concentración de concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.

Con esto ya anticipado, analizamos el mercado del cobre esta semana. Cochilco dio a conocer su informe semanal, en el que se consigna que el pasado viernes el precio del cobre se situó en cUS$ 357,3 la libra, levemente superior al registrado el viernes 22.

Durante la semana, el precio mostró una tendencia a la baja, con una caída de 1,3% semanal (respecto del lunes 25). El jueves, el precio se ubicó en el mínimo del presente año (cUS$
352,8 la libra).

Esto se explica por el hecho que esta semana el dólar estadounidense registró una persistente tendencia al alza. La creciente expansión de la pandemia en Europa y nuevas restricciones de movilidad están aumentando la percepción de riesgo. Los inversores buscan activos de refugio como el dólar estadounidense, debilitando a su vez la cotización de los commodities.

A ello se suma el que la actividad manufacturera en China, probablemente, se expandió de manera más lenta en enero, según reveló una encuesta de Reuters la presente seman

La Comisión Chilena del Cobre actualizó las proyecciones del precio del metal rojo para los años 2021 y 2022, fijándolas en US$3,3 y US$3 la libra respectivamente. Esto implicó un alza significativa respecto de la proyección previa (US$ 2,9 la libra para 2021).

 Las mejores perspectivas se fundamentan en: alto crecimiento económico proyectado para China. El Banco Mundial y el FMI prevén que superaría el 8%; persistencia en la vulnerabilidad de la oferta de metal; tendencia a la depreciación del dólar en los mercados internacionales y un creciente proceso de vacunación en economías desarrolladas (Estados Unidos, Europa y Japón).

Durante 2021, el mercado presentaría un déficit de 70 mil toneladas, en tanto que en 2022 la condición cambia a superávit por 116 mil toneladas. Sin embargo, persisten los riesgos, principalmente la incertidumbre asociada a la segunda o tercera ola en las principales economías consumidoras del metal, lo que podría debitar las perspectivas de recuperación económica.

El informe de Cochilco destaca que “la pandemia aún tiene el potencial de quebrar las expectativas de mercado. Por el contrario, si la pandemia se descontrola en los principales productores, el precio podría ser más alto que lo proyectado“.

(La Tercera) Chile es el mayor productor y exportador minero del mundo. Según la proyección de Cochilco, hacia el 2031 se explotarán 7,095 millones de toneladas de cobre. A 40 años de la última modificación constitucional, hoy se abre nuevamente el debate en
relación a las modificaciones que se podrían provocar en la industria minera a raíz del proceso constituyente que está en curso.

 Y es que el tema minero es uno de los que cuenta con mayor desarrollo jurídico. No solo se encuentra en la Constitución sino que también tiene una Ley Orgánica Constitucional y también en el Código Minero. Por su nivel de alcance, es posible que se discuta bastante sobre minería en la Convención Constitucional.

 En este sentido, existen dos temas constitucionales que podrían debatirse en la Convención Constitucional. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen los que se adjudican las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el otro con la concentración de estas concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.

El Índice de Producción Industrial (IPI) decreció 4,1% en doce meses, debido a las incidencias negativas de dos de los tres sectores que lo componen, de acuerdo con la medición a diciembre de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el año 2020, en tanto, el IPI acumuló una variación de -1,1%.

El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el que más influyó en el resultado de diciembre, al presentar una baja de 9,3% respecto a igual mes del año anterior e incidir en -4,242 puntos porcentuales (pp.) en el IPI. Esto, como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen.

La minería metálica descendió 9,3%, restando 8,851 pp. a la variación del índice, a raíz de la baja de 9,7% en la extracción y procesamiento de cobre, como resultado de una reducción en el procesamiento y una menor ley de mineral en importantes empresas del sector.

Asimismo, la minería no metálica decreció 6,1%, incidiendo -0,265 pp. en la variación del índice, a raíz de la menor producción de caliche.

Por su parte, los recursos energéticos se contrajeron 29,0% en comparación con igual mes del año anterior, influyendo -0,141 pp. en la variación del índice, por una menor producción de petróleo crudo, carbón y gas natural.

El INE destacó que en 2020, el IPMin acumuló un incremento de 0,5%, que se explicó en gran medida por el alza de 0,4% en la minería metálica, donde se destacó la mayor actividad registrada en la extracción de minerales metalíferos, que creció 23,1% respecto a 2019

La Planta Desaladora Norte de Antofagasta -que entró en operación el año 2003- está ubicada en el sector La Chimba y solventa las actuales necesidades de abastecimiento del 85% de la demanda de la comuna de Antofagasta y el 100% de Mejillones.

En el actual contexto de mega sequía que afecta principalmente al centro norte del país, desde Aguas Antofagasta aseguran que tienen la solución para superar esa condición de escasez de suministro.

Según detalló el ejecutivo, esperan iniciar prontamente el proyecto de Fase 2 de la actual desaladora de Antofagasta, para llegar al 100% de abastecimiento vía desalación en la capital regional. Estamos en la etapa de obtención de los permiso respectivos y esperamos iniciar obras en cuanto los trámites administrativos concluyan, lo que será un aporte a la reactivación económica regional post pandemia, pues se requerirá la contratación de mano de obra a lo menos por un año y medio, además de una serie de servicios de contratistas asociados al proyecto, cuya inversión superará los USD 80 millones”, explicó el gerente general de Aguas Antofagasta Grupo EPM, Carlos Méndez

Eventual aplicación retroactiva de la ley podría, según algunos, poner en juego el derecho de propiedad. Mineras siguen atentas al texto.

Un lento paso ha acompañado la recta final del proyecto de protección de glaciares en la comisión de Minería y Energía del Senado. Si bien el miércoles se esperaba que las partes llegaran con propuestas de acuerdo con miras a despachar el articulado, la sesión no se materializó, prolongando así el debate hasta marzo donde se tendrá que enfrentar los puntos más controversiales.

Fuentes comentan que no se concretó porque las comisiones que estaban en horario de sesión fueron suspendidas, pero otros aseguran que no hubo finalmente indicaciones comunes. Lo cierto es que en marzo se tendrán que abordar los nudos pendientes, donde asoma como materia que podría generar mayor conflictividad los artículos transitorios y su eventual retroactividad.

 Según explican cercanos a las negociaciones, este punto se refiere a lo que ocurre con los proyectos que tengan en sus permisos alguna autorización de intervención de glaciares y su eventual retroactividad, lo que podría regularse -por ejemplo- con un sistema de transición para que se adecúen al cumplimiento de la ley.

Este texto está justificado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Este texto está justificado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.