La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) lamentó la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de royalty minero argumentando que esta iniciativa está considerando solo los actuales precios del mineral, sin visualizar las consecuencias que tendría en el largo plazo para la industria, sus empresas proveedoras y la economía del país.
El director ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández, declaró: “La carga que constituye este tributo es desproporcionada, inconstitucional y atenta a la seriedad que ha ofrecido este país para el desarrollo de actividades que ha beneficiado a todos”.
Además, el ejecutivo recordó que, según datos de Cochilco, el país cuenta con una cartera de proyectos para esta década equivalente a US$74.000 millones, la que se verá gravemente dañada con la moción recientemente aprobada por los diputados. “Nos enfrentamos a un escenario complejo, en el que habrá proveedores y contratistas locales que deberán cerrar o reducir drásticamente sus dotaciones, provocando desempleo y aumento de la pobreza”, dijo.
Por su parte, el presidente de APRIMIN, Philippe Hemmerdinger añadió que esta discusión del royalty se produce en un contexto económico de crisis, con una política muy dañada que ha facilitado el nacimiento de propuestas que no son sostenibles. “No debemos perder el foco, tenemos que encaminar una agenda social de reconstrucción post pandemia y eso lo conseguiremos con mejores empleos, más inversión en innovación e introduciendo tecnologías de punta, promoviendo la inversión minera y sus encadenamientos. Pedimos que prime la sensatez y seriedad que han caracterizado históricamente a nuestro país”, advirtió Hemmerdinger.
Por su parte el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, lamentó la decisión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de royalty minero que establece una compensación a favor del Estado por las ventas de, prácticamente, toda la industria minera que opera en el país. “Es una noticia muy negativa para este sector productivo, por cuanto en un tema de tanta importancia para Chile ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado”, sostuvo el dirigente gremial.
El directivo de SONAMI agregó que como ya están dando cuenta bancos de inversión y medios de comunicación especializados internacionales, “este impuesto desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria en un momento clave que vive nuestro país, especialmente en el periodo de recuperación económica post pandemia, en el que la minería estaba llamada a jugar un rol fundamental e insustituible”.
En su declaración, Diego Hernández reiteró que este nivel de impuestos para una industria clave en el desarrollo económico y social del país, “va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir”.