Nos encontramos en un contexto en el cual los conflictos entre constructoras, inmobiliarias y/o contratistas podrían tener un alza progresiva. Esto pues dependiendo de su ubicación en nuestro país, las obras se han visto en la obligación de reducir, ajustar y, en los peores casos, paralizar su normal funcionamiento.

Es más, la cuarentena obligatoria que se mantiene en seis comunas de la Región Metropolitana forzó a detener la mitad de las obras de edificación en curso en Santiago, lo que corresponde a cerca de 290 faenas, donde cumplen sus funciones entre 130 y 150 mil trabajadores. Esto, porque el rubro de la construcción quedó fuera del instructivo de sectores que seguirán funcionando bajo este régimen sanitario.

Empresas de renombre como Almagro, Moller y Pérez-Cotapos, Constructora ISA y Besalco, son algunas de las que han dado a conocer públicamente los problemas que les ha causado la situación, lista que seguirá agregando nombres en caso de que las medidas continúen.

Rubén Zenteno, Jefe de Área de Estudios y Técnica de DRS Ingeniería y Gestión y Vicepresidente del Observatorio para el mejoramiento de la vivienda del Instituto de la construcción y MINVU, analiza esta situación. “Nos enfrentamos a reprogramaciones de obras que finalmente van a influir en costos, plazos y calidad, esto pues una obra paralizada por un tiempo considerable se afectará en cuanto a sus materiales ya instalados, recesos sin terminar, entre otros. Lo anterior enfrentará a las constructoras -que buscarán acelerar el termino de la obra-, con as inmobiliarias, quienes privilegian asegurar la calidad de la obra sin aumentar los costos de construcción”. 

Más en concreto, ahonda Zenteno, “cuando hay una controversia todo el mundo pierde. Imaginemos la construcción de un edificio de departamentos en donde la constructora este solicitando un aumento de plazo por 30 días más a los ya establecidos en el contrato, lo que monetariamente hablando bordea a lo menos unas UF 7.000 y prácticamente corresponde a una planilla completa de profesionales en obra. Si no hay acuerdo, el administrador puede reducir la dotación de mano de obra, intensificando así el problema. Por consecuencia, la inmobiliaria no puede realizar la entrega de departamentos, lo que afecta directamente su flujo esperado de caja, pues los ingresos llegan con la escrituración”. 

¿Cómo llegar a un acuerdo? Es necesario revisar todos los antecedentes, las causas que generaron los retrasos y sus eventuales responsables y de acuerdo a eso se puede determinar cuál es el plazo efectivo, lo cual idealmente debe ser realizado por un externo, equilibrando los criterios a un estándar justo y técnicamente correcto.